Minería y Reforma Laboral

Álvaro Merino Lacoste Gerente de Estudios de Sonami

Álvaro Merino Lacoste
Gerente de Estudios de Sonami

En diciembre pasado, el gobierno presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Reforma Laboral, el que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado,  iniciativa que, según lo ha planteado la misma presidenta Bachelet, busca “relegitimar la negociación legal”. Ésta es, sin duda, la reforma más importante de los últimos años en este ámbito. Conscientes de la necesidad de modernizar el mercado del trabajo, estimamos que este proyecto no contempla aspectos claves en este proceso y que involucran a mujeres, jóvenes y adultos mayores.

En ese sentido, uno de los aspectos que más preocupan del proyecto de ley es aquel relativo a la titularidad sindical, no solo porque únicamente los sindicatos podrían negociar colectivamente y no así los grupos negociadores, sino también porque no se podrían pactar los beneficios obtenidos en una negociación colectiva con otros trabajadores no afiliados, los que solo podrían acceder a ellos incorporándose al respectivo sindicato.

Con esta normativa no solo se presionaría a los trabajadores a sindicalizarse, coartando por tanto su decisión de elegir libremente si participan o no en un sindicato, sino que también afectaría gravemente la libertad de contratación, ya sea porque se prohibiría pactar ciertos beneficios “monopolizados” por el sindicato, como porque se impondrían esos mismos beneficios respecto de ciertos trabajadores que no las han negociado ni individual ni colectivamente. Lo anterior, agravado por un fortalecimiento artificial y excesivo del poder negociador de los sindicatos, por la vía de impedir el funcionamiento de la empresa –aunque sea reducido o parcial- durante la huelga. Ello, derivado de la imposibilidad de asumir con otros trabajadores, incluso internos, actividades o labores esenciales, lo que puede llegar a comprometer la continuidad de la empresa, generando para los trabajadores beneficios excesivos y de corto plazo que no corresponden a mayor productividad.

En este sentido, nos preocupa también el no reemplazo absoluto en huelga, particularmente en el caso de sindicatos que representan una fracción pequeña de trabajadores, pero que  realizan funciones críticas en la empresa, como el movimiento de minerales, el chancado o el control de un proceso específico, o labores anexas que son igualmente indispensables, como por ejemplo, los servicios higiénicos y de aseo, o el ingreso a las faenas de personas o materiales.

En el sector minero, particularmente, hay actividades que es necesario mantener por motivos ambientales o de conservación de equipos, como ocurre con el control de soluciones o efluentes en plantas de proceso, como también para asegurar su posterior funcionamiento, como ocurre en el caso de las fundiciones, que una vez paralizadas toma mucho tiempo volverlas a poner en operación, lo que por cierto genera un altísimo costo.

Lo anterior constituye un desequilibrio en la negociación colectiva susceptible de provocar daños a las empresas, perjudicar a los demás trabajadores no involucrados en el proceso y alterar el funcionamiento del mercado de trabajo.

Por tanto, vemos con preocupación que el proyecto solo pone énfasis en el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, creando condiciones y prerrogativas artificiales para su promoción, sin contemplar responsabilidades, ni deberes respecto de las empresas en que incidirán. Del mismo modo, observamos que se privilegia lo transaccional, mediante prerrogativas sindicales en la negociación tendientes a aumentar desmedidamente su poder negociador. La experiencia indica que ello lleva a una exacerbación de los beneficios por una sola vez –típicamente el bono de termino de negociación o conflicto- y a pactar condiciones de remuneraciones por sobre los incrementos de productividad.  Asimismo,  es importante destacar que las denominadas “limitaciones” al derecho de huelga, como son las previstas en la regulación de servicios mínimos, son insuficientes y susceptibles de generar perjuicios que van mucho más allá de las materias y montos negociados, y que pueden afectar la subsistencia de la empresa o establecimiento afectado.

En consecuencia, la legislación laboral debe otorgar un adecuado equilibrio entre las necesidades e intereses de empleadores y trabajadores quienes, en definitiva, son parte de una misma empresa. Un diálogo constructivo, con una visión integral del quehacer de las compañías y actividades productivas, debiera ser útil para corregir estos aspectos.

Finalmente, es preciso considerar que la reforma laboral es una oportunidad propicia para tomar medidas para elevar la productividad, tales como mayor incorporación de mujeres y jóvenes al mercado del trabajo, avanzar en materia de adaptabilidad libremente convenida entre empleador y trabajador, mejorar el sistema de capacitación con recursos del Estado de modo tal que este proceso de aprendizaje se traduzca en mayores niveles de productividad. Lamentablemente, el proyecto no aborda estas materias con la fuerza que se requiere para seguir avanzando en la vía hacia el desarrollo.