Legislación medioambiental: Exigencias para un futuro sustentable

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Gentileza Sernageomin

 

Mientras la minería ha registrado la mayor cantidad de infracciones en temas medioambientales entre todas las industrias del país (de acuerdo con la Superintendencia del Medio Ambiente) las exigencias que enfrentan por las nuevas regulaciones han complicado su escenario.
A ello se suma la falta de claridad de la regulación que, de acuerdo a los especialistas, no ayudaría a resolver los problemas, junto con los distintos entes fiscalizadores que han demostrado poca sincronización en los criterios aplicados.
Ante las dificultades quedan aspectos en los que avanzar ya sea en la especificación de la normativa por parte de las respectivas autoridades como en el cumplimiento cabal de ellas por parte de las de las compañías mineras.

Fabiola García S.
Periodista Construcción Minera

La tarea no ha sido fácil. Las exigencias de la ley que hoy garantizan un futuro sustentable están generando complicaciones en la aprobación de los proyectos mineros, los que deben ser responsables con su entorno -natural y social-de principio a fin. A más de un año del funcionamiento de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), esta nueva institución ha hecho sentir el rigor de su fiscalización con énfasis en la industria. Y es que el revuelo no ha sido poco, porque son precisamente las mineras las que encabezan el listado de procesos sancionatorios. Esto, ya que el número de infracciones de estas compañías fue el más alto entre las demás industrias, al acumular 103 de 250 casos clasificados, según la cuenta pública 2013 de la Superintendencia del Medio Ambiente (ver gráfico).
Una situación que hay que analizar con cuidado, indica Carlos Gajardo, gerente de asuntos ambientales de la Sociedad Nacional de Minería, Sonami. “No es que la minería sea más incumplidora, sino que en aquellas que fueron sorprendidas se le encontró un mayor número de infracciones a esas empresas”, argumenta. Es más, “de esos 103, 22 son de Pascua Lama, o sea el 20% es sólo de una empresa. No es que se haya repartido entre todas”, agrega.
Pese a la imagen que se puede crear del sector, se han realizado esfuerzos para  aportar en la preocupación y cuidado del entorno. “La minería partió con actividades de protección ambiental y con estudios de impacto ambiental cuando no había nada de esto. Nosotros fuimos los que impulsamos. Incluso ayudamos a que se elaboraran las primeras normativas de regulación ambiental que hacía la entonces Conama”, insiste Gajardo.
Hoy existe la Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras que regula las medidas se toman para que el yacimiento no siga impactando en el medio ambiente y en las comunidades. Y a ello se suma el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que entró en vigencia el 24 de diciembre de 2013 y elevó los estándares de evaluación, no solo en el sector minero, sino que también para todas las otras industrias.
En tanto, las comunidades no pueden quedar de lado, sobre todo con la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza los derechos de los pueblos originarios. Más aún cuando recientemente la OIT encontró incumplimientos del Convenio por parte del Gobierno y exigió información en su próxima memoria.
Mientras que los esfuerzos de las compañías han ido en esa dirección, hay quienes van más allá y estiman que el mero cumplimiento de las bases legales no es suficiente para despejar eventuales inconvenientes en una compañía cuanto se trata de sustentabilidad. “Más allá de la regulación está la capacidad que tienen las empresas para legitimar sus proyectos con las comunidades y los demás actores locales. Lograr que las comunidades digan sí, yo quiero que este proyecto se haga, porque no solamente genera beneficios para quienes desarrollan el proyecto, sino que genera beneficios para la comunidad como un todo, incluso para el país”, afirma el abogado de Carcelén, Desmadryl, Guzmán, Schaeffer y Tapia, Juan Pablo Schaeffer, quien se especializa en sustentabilidad y relaciones con comunidades. A ello, agrega que esta legitimación pasa por obtener la aprobación de la comunidad, llamada licencia social para operar.
Pese a la suma de entidades que velan por el cumplimiento de las normativas medioambientales, tales como el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y el Tribunal Ambiental (TA), consultado por la viabilidad de un proyecto minero con toda la regularización que hoy en día debe cumplir, el experto indicó que las empresas están adaptando sus estudios de impacto ambiental, las declaraciones de impacto ambiental y en general la gestión ambiental, a estas nueva institucionalidad, mejorando cada día más. “El desafío está en que las empresas se acostumbren a este nuevo contexto y a esta nueva institucionalidad, y que se den cuenta que cumpliendo con esta nueva regulación también es un beneficio para ellos porque los obliga a hacer las cosas bien”, grafica.
Sin embargo, debido a las nuevas normativas e instituciones, las incongruencias también han venido desde los mismos organismos. Tal ha sido el caso de la disputa de la SMA con el TA por el batallado proyecto binacional Pascua Lama de la minera Barrick Gold, que recibió la mayor multa medioambiental hecha en Chile por parte de un organismo público. Esto, porque el TA recientemente anuló la multa de US$ 16 millones cursada por la SMA a la minera, exigiéndole la devolución del monto pagado a la Tesorería General de la República  -US$ 11,8 millones por el 25% de descuento que recibió al pagarla en el transcurso de cinco días hábiles de firmada la sanción- lo que deja en evidencia la falta de acuerdo de los criterios que están utilizando las entidades en un mismo caso. De este modo, la compañía tendría que enfrentar nuevamente un proceso sancionatorio en el que cada una de las 22 infracciones del proyecto se castigarían por separado, lo que puede resultar en una multa mayor a los US$ 16 millones iniciales.
Para el gerente de asuntos ambientales de la Sonami, aún se vive un clima de adaptación a los nuevos sistemas de evaluación. Una tarea pendiente que no se realizó cuando se promulgó la  puesta en marcha de la nueva institucionalidad. “Yo creo que los tribunales han sido un poquito cargados hacia un lado, las comunidades han reaccionado exageradamente. Y, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos cambiado de un sistema en el cual existían estas regulaciones ambientales, la RCA, pero no tenían fiscalización. Y esto pasó por años de años. Y de la noche a la mañana aparece un sistema muy diferente, que parte estrictamente del día uno, sin que hubiera un período de marcha blanca, nada”, puntualiza Gajardo.
Ante las complicaciones que han surgido para cumplir con los requisitos legales por parte de las mineras, desde el SEA han informado que esperan publicar una guía sobre la descripción de proyectos de desarrollo minero, considerando alrededor de 14 subtipos relacionados a los distintos procesos de la  minería del cobre, oro y plata, entre otros con el fin de tecnificar aún más la evaluación de los proyectos. “Esta  guía ayudará a los titulares a establecer los contenidos del capítulo de descripción de proyecto de un estudio o declaración de impacto ambiental, el que incluye la definición de las partes u  obras,  acciones, emisiones, residuos, insumos, mano de obra y contingencias que se contemplen para las fases de construcción, operación y cierre  de un proyecto”, detallan.
En el SEA comentan que durante el 2013 participaron como contraparte técnica en una consultoría encargada por el Consejo Minero la que les servirá de insumo para la elaboración de la guía.  “De esta manera, se da cumplimiento a un mandato legal de uniformar las exigencias técnicas de la evaluación de impacto ambiental”, afirman.
Entre las obligaciones está la entrega del Estudio de Impacto Ambiental junto con la Declaración de Impacto Ambiental, los que “deberán acompañarse de la documentación y los antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de la normativa de carácter ambiental y de los requisitos y contenidos de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos del Título VII del Reglamento”.

Foco normativo
Bajo la regulación de la Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente en el artículo 3 se determina que todo (1) proyecto de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, con sus respectivas prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles; junto con (2) oleoductos, gasoductos, ductos mineros u otros análogos debe obligatoriamente someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Además, el proyecto o actividad señalada en dicha Ley solo podrá ser ejecutado o modificado previa evaluación de su impacto ambiental. “Un buen análisis del área permite identificar los impactos y por consiguiente incorporar las medidas apropiadas para cada impacto generado”, afirma el jefe de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del SEA, Rodolfo Rivero.
En general, lo que  se pide es “una detallada definición de las obras y actividades del proyecto que permite a la autoridad tener claridad de los potenciales impactos que éstos puedan generar. Dicha información es esencial al momento de realizar la evaluación, porque se tiene mayor certeza del área de influencia del proyecto y cómo cada elemento se verá afectado por las obras y actividades del mismo”, dicen desde el organismo.
De acuerdo con el SEA un Estudio de Impacto Ambiental debe contener:

A.- La descripción del proyecto o actividad.
B.- La descripción de la línea de base, que deberá considerar todos los proyectos que cuenten con resolución de calificación ambiental, aun cuando no se encuentren operando.
C.- La descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que dan origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.
D.- La predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto o actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo. Cuando el proyecto deba presentar un Estudio de Impacto Ambiental por generar alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en la letra a) del artículo 11, y no existiera Norma Primaria de Calidad o de Emisión en Chile o en los Estados de referencia que señale el Reglamento, el proponente deberá considerar un capítulo específico relativo a los potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas.
E.- Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del proyecto o actividad y las acciones de reparación que se realizarán, cuando ello sea procedente.
F.- El plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al Estudio de Impacto Ambiental.
G.- El plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable.

Mientras que una Declaración de Impacto Ambiental deberá contener:
A.- La descripción del proyecto o actividad
B.- Los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudio de Impacto Ambiental.
C.- La indicación normativa ambiental aplicable, y la forma en la que se cumplirá.
D.- La indicación de los permisos ambientales sectoriales aplicables, y los antecedentes asociados a los requisitos y exigencias para el respectivo pronunciamiento.

Por otra parte, la línea base de los proyectos sometidos al SEIA, sistema de información que se exige en la Ley N°19.300 que entrega una descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, debe contener en resumen los siguientes elementos: el medio físico, el medio biótico, el medio humano, el medio construido, el uso de los elementos del medio ambiente, los elementos naturales y artificiales que componen el patrimonio cultural, el paisaje, y las áreas de riesgos de contingencias sobre la población y/o el medio ambiente.

Desafíos generales
Frente a la paralización de los proyectos que se generan gracias a la normativa vigente, Rodolfo Rivero indica que “un aspecto relevante a considerar al momento de presentar a evaluación ambiental una declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental, es la calidad de información contendida en dichos documentos. Un aspecto es crucial, dado que permite identificar con claridad los impactos ambientales significativos del proyecto en etapas tempranas de la evaluación, además, de la disminución de los tiempos de tramitación de los mismos al contar con toda la información desde el comienzo de la evaluación”
Para el subdirector nacional de Minería del Sernageomin, Javier Jara, hay un desafío de parte del Estado que se debe resolver. Lo anterior, porque hay normas que no están establecidas en el reglamento, que por otra ley que obliga cumplirlo, se hacía sin saber cómo. Además, los proyectos que pasan el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental junto con todos los servicios sectoriales como el Sernageomin obtienen la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) autorizando el proyecto y avanzan, pero después las comunidades están reclamando que no se hizo la consulta como correspondía, con lo que se ha logrado detener ciertos proyectos a nivel de corte, que no son pocos, explica Jara. “Entonces el desafío está tratar de ver cómo resolvemos esos temas garantizando la participación de las comunidades en el momento oportuno”, dice.
Gajardo considera que la responsabilidad es de todos los involucrados. “Creo que primero las empresas tienen un trabajo que hacer en mejorar los proyectos que presentan. Hay que ser mucho más prolijos de lo que han sido hasta ahora y presentarlos en una etapa mucho más avanzada”, comenta. “El servicio que controla esto, el SEA, debe ser más estricto y devolver aquellos proyectos que no cumplen con este mínimo de requisitos y pararlos ahí, no después”, grafica.
Bajo esta perspectiva, Schaeffer considera que es clave desarrollar, desde el inicio de un proyecto, relaciones cercanas con las comunidades aledañas, lo que resulta favorable para todos. “Lo veo como una oportunidad para las empresas de empezar a generar relaciones distintas con las comunidades cercanas. Antiguamente las comunidades casi ni sabían que había un proyecto hasta que se comenzaba a construir. Hoy día nos encontramos con comunidades que quieren participar en la toma de decisiones respecto a un proyecto y saber cómo les impacta tanto negativa como positivamente”, afirma el abogado. Son las exigencias para un futuro sustentable en la industria.

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Revista Construcción Minera es la nueva publicación técnica de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Co nstrucción (CChC), que además cuenta con el apoyo del Comité de Túneles y Espacios Subterráneos de Chile (CTES). Su enfoque consiste en el análisis de proyectos de construcción para la minería además de difundir nuevos productos, materiales, servicios, soluciones y sistemas constructivos orientados a este subsector.construcción