La confianza que hay que recuperar

Juan González Beltrán, Presidente Regional CChC Calama
Juan González Beltrán, presidente Regional CChC Calama

Cada cierto tiempo es necesario analizar y abrir un debate acerca de un tema que involucra la relación Mandante-Contratista, y que sale a la luz pública por algún tipo de controversia por diferencias que se originan en los contratos que se acuerdan.

Si bien la idea y el ánimo de todos es prevenir o minimizar los potenciales conflictos que pudieran generarse, más aún en un estratégico territorio minero como lo es El Loa, no podemos quedar ajenos a la realidad que viven día a día un centenar de empresas que, por uno u otro motivo, muchas veces deben recurrir a autoridades u otras instancias para zanjar temas que, en la práctica, se entienden están claros, más aún habiendo un contrato que establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas.

El problema hoy se profundiza por el bajo nivel que está experimentando el precio del cobre y otras variables que están influyendo en los costos operacionales de sus productores, quienes muchas veces se aferran al último eslabón de su cadena de valor, las empresas contratistas, para, haciendo uso de su posición dominante, comenzar presionar para que estas últimas acepten ciertas condiciones no regladas en el contrato, condicionando su aceptación, para su posible participación en futuras licitaciones.

Son justamente este tipo de prácticas las que terminan por afectar la relación y la extraviada confianza que señalan los expertos debe reestablecerse entre los actores participantes para limpiar la mesa y lograr un “ganar-ganar” uniforme y no unilateral como muchas veces ocurre, argumentando factores de costo o productividad poco objetivos, amenazando fuertemente la sustentabilidad de las empresas y la empleabilidad de sus trabajadores que viven día a día la incertidumbre de perder su fuente laboral. Igualmente o más peligroso aún, es que el mandante, ante eventuales controversias entre las partes, defina solucionarlos en los tribunales ordinarios y no a través de un arbitraje, como debiera ser para no vivir un proceso desgastante y engorroso para las partes.

Coincidentemente, y de manera paralela, nuestro gremio realizó la segunda versión del “Estudio sobre Divergencias Contractuales en Empresas Socias de la CChC”, con el objetivo de establecer el nivel de divergencias que existen en los contratos entre los mandantes y los contratistas Cámara en diferentes áreas de la economía, entre las cuales obviamente está también el rubro minero.

Interesante resulta saber que un tercio (34%) de las 51 empresas socias entrevistadas señalaron que los contratos suscritos tienen algún grado de divergencia, cifra que se ha mantenido durante los últimos tres años. Asimismo, aquellas que declararon haber tenido divergencias contractuales, en el 85% de los casos los contratos eran más bien por adhesión.

Igualmente del total de divergencias, un 21% de ellas tomaron la característica de “conflicto”, es decir se judicializaron; el 16% se solucionaron con participación de terceros y el 63% fueron resueltas entre las partes. Esto último, no necesariamente implica que hayan sido solucionados en forma equitativa, ya que según el mismo estudio sigue habiendo un alto impacto en los costos y plazos del contrato. Lo anterior deja un espacio importante para incorporar mecanismos de resolución temprana de controversias en esos acuerdos.

Además, del total de empresas consultadas, un 90% declaró haber tenido algún tipo de divergencia en los últimos años, cifra levemente superior al 2014 que fue de un 86 por ciento.

De las empresas que declararon haber tenido divergencias, el 100% manifestó que hubo modificación en el contrato original, el 96% tuvo variaciones de valor, el 100% cambios de costos y el 92% en los plazos.

En resumen, estos resultados vienen a confirmar lo señalado anteriormente y reflejan de manera clara y objetiva que las divergencias contractuales son transversales y es un riesgo inherente a cualquier tipo relación comercial, por lo que es necesario enfrentarlas o prevenirlas primeramente a través del cumplimiento de los acuerdos suscritos o, como segundo paso, a través de un arbitraje que entregue las garantías necesarias para todos los involucrados en el tema.

Además, lo interesante de este nuevo estudio gremial es que transparenta el tema que viven hoy muchos contratistas de la construcción o de la minería a nivel nacional, quienes muchas veces se ven en la necesidad de presentar sus casos o reclamos al mandante, hecho que termina muchas veces por marcar su continuidad contractual o es bloqueado  para futuras licitaciones.

Reiteramos que si bien el ideal sería establecer un trabajo sin sobresaltos o enfrentarlos a través de un diálogo franco y directo, también resulta fundamental contar con las herramientas necesarias para resolverlos o mejor aún, para preverlos, sin obviar la realidad que refleja claramente el estudio elaborado por nuestro gremio.

En este sentido, la transparencia en los procesos de licitación y realimentación de los resultados de las evaluaciones técnico-económicas, la revisión conjunta de las cláusulas de las bases de licitación y de contratos de obras o servicios, la revisión de la evaluación de los compromisos remuneracionales en los procesos de licitación, la fundamentación e instancias de apelación en las evaluaciones de desempeño de los contratos y desarrollo de instancias locales e imparciales para investigar posibles reclamos parecen ser -por ahora- los caminos para transparentar el tema y recobrar eventualmente nuevamente la confianza perdida.

Post Author: Fabiola Garcia Sanders