Conflictividad confirmada

Alex Wagemann Abogado - Director de Wagemann & Cía. - Abogados e Ingenieros

Hace poco más de un año, fue encargado a nuestra oficina un estudio de caracterización de los juicios de construcción en nuestro país. Dada la dificultad en poder abordar todo Chile en el tiempo requerido, finalmente acordamos acotar este estudio a la Región Metropolitana, donde se encuentran registradas aproximadamente la mitad de las empresas que en el país se dedican a alguno de los rubros del área de la construcción (fundamentalmente obras de ingeniería, construcción de edificios y movimiento de tierras). El tiempo de estudio fue el periodo comprendido entre 2010 y 2015, lapso suficiente para poder disponer de una visión relativamente completa y fiable sobre la evolución del asunto. Con estas condiciones de base, comenzamos en el mes de febrero de 2016 el estudio, concluyendo a fines de septiembre del mismo año, luego de haber revisado algo más de 22 mil causas civiles, solo en la región.
Los resultados que obtuvimos no fueron francamente sorprendentes, pero sí nos permitieron confirmar en los hechos una percepción subjetiva en la industria, cual es, que la conflictividad en la construcción iba en aumento. En efecto, a febrero de 2016, existían 11.023 empresas registradas en la Región Metropolitana dentro del rubro de la construcción, de las cuales el 35% había participado en juicios civiles como demandante o demandado. Por su parte, la relación de causas civiles resultó ser de 6,7 causas civiles por empresa, de las cuales la gran mayoría correspondía a juicios ejecutivos y gestiones preparatorias; en general, procedimientos relacionados con el cobro de instrumentos mercantiles, como cheques o facturas.
Sin embargo, lo interesante es constatar que en el periodo 2010 – 2015 la cantidad de ingresos de juicios civiles en los que las empresas constructoras estuvieron involucradas prácticamente se duplicó, destacando el año 2014 como el que tuvo mayor ingreso en número de causas (4.941). Este fenómeno también se aprecia en los juicios de construcción (entendiendo como tales, en términos simples, los conflictos entre personas jurídicas donde al menos una de ellas está registrada en el rubro, referidos a temas relacionados con cumplimiento forzado, resolución o indemnización de perjuicios vinculados a un contrato de construcción), aun cuando su número es considerablemente menor. En este tipo de conflictos, la progresión de causas en el periodo no sólo se duplicó, sino que se cuadriplicó.
Desde el punto de vista de los montos involucrados, los juicios de construcción en el periodo ascienden a algo más de 207 mil millones de pesos, al día de hoy, unos 315 millones de dólares. Por último, en términos de plazo, estos procesos superan en promedio claramente los 3 años.
Si bien todo este análisis no considera la situación de los arbitrajes (materia sobre la que estamos actualmente trabajando), donde preferentemente se expresan los conflictos del sector privado y las concesiones o asociaciones público privadas, los tribunales ordinarios de justicia reciben la gran mayoría de los juicios provenientes del Estado (obras públicas, hospitales, urbanizaciones, obras municipales), de las empresas públicas y una parte no menor de los conflictos entre contratistas y subcontratistas, por lo cual las conclusiones, si bien no son totalmente extrapolables, resultan de todas manera representativas.
Y al respecto, lo primero que salta a la vista es el aumento desmedido de la conflictividad. Aquello que percibíamos como un fenómeno subjetivo, que no podíamos comprobar, resultó finalmente ser cierto. No resulta argumentable en este caso que existieron más juicios porque hubo más proyectos de construcción puesto que, si bien en el periodo se produjo la reconstrucción tras el gran terremoto del 27-F, los proyectos no se multiplicaron por cuatro; por lo tanto, la explicación no va por esa vía.
Para quienes llevamos algunos años participando en la industria y observando su comportamiento, es evidente que no existe una razón única al fenómeno. No obstante, hay un par de aspectos que quisiera poner sobre la mesa: primero, la distribución de los riesgos contractuales, que no parece evolucionar hacia sistemas de mayor equilibrio; segundo, los métodos de resolución temprana de controversias, que, a pesar de ser una aspiración de muchos sectores, no se están implementando; tercero, la sensación de inseguridad jurídica frente a acuerdos que se adoptan con el mandante público y que luego son revertidos por la Contraloría General de la República.
Sin duda, existen muchos factores más que podrían ser mencionados. No obstante, si se observan en detalle, todos responden a un factor común, consistente en la pérdida de confianza en la otra parte, aspecto que trasciende largamente al rubro de la construcción y que hoy es más bien un fenómeno social. Por lo anterior, creo que parte de la solución pasará necesariamente por revisar cómo construimos una mayor confianza entre los actores de este negocio, partiendo por la relación del Estado con las constructoras y de estas últimas con sus subcontratistas, quienes debieran ser los primeros en dar las señales mínimas que promuevan un cambio hacia un esquema que, a la larga, beneficie a todos, considerando la gravitancia que la construcción tiene en la economía del país.


Alex Wagemann Abogado – Director de Wagemann & Cía. – Abogados e Ingenieros

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